La iniciativa establece que no podrán ocupar cargos en el ámbito municipal toda persona que esté involucrada en delitos contra la administración pública, como ser cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude, entre otros.
Tampoco por delitos contra el orden económico y financiero, la integridad sexual, el estado civil de las personas y contra la libertad, todos ellos previstos en el Código Penal.
Para ello, el proyecto deja establecido que, de aprobarse e implementarse esta modalidad, los partidos políticos deberán acompañar a las listas de candidatos a cargos electivos, el certificado de antecedentes expedido por las autoridades competentes.