CUANDO UNA JUEZA DE FAMILIA PEDÍA LA LIBERACIÓN DEL GENOCIDA CAVALLO

by concordia1

La jueza de del Tribunal N° 2 de Familia, María Constanza Ortiz habría firmado en el año 2003 una solicitada en favor de la liberación del genocida Cavallo. Los vínculos con la dictadura en Entre Ríos. ¿Feminismo de derecha?

Bajo el título “Apoyo a las FFAA, de Seguridad y Policiales” del 7 de agosto de 2002, se lee.. “Los ciudadanos argentinos que abajo suscriben quieren expresar su total apoyo al grupo de militares y demás servidores públicos que han sido detenido días atrás por orden del juez Claudio Bonadío. En momentos donde la Patria requiere actitudes de grandeza y de hombría de bien para salir adelante, ciertos personajes que no comprenden la gravedad en que nos encontramos inmersos siguen obsesionados con remover un pasado doloroso para todos los argentinos, usando la justicia y las leyes para “vengarse” de quienes arriesgaron su vida por nosotros, combatiendo y derrotando a la subversión asesina de los años 70. Le pedimos a nuestros dirigentes , a nuestros políticos y a quienes administran justicia que cese la persecución política y judicial para los oficiales de nuestras dignas Fuerzas Armadas , así como acompañamos moral y espiritualmente a todos sus integrantes que están detenidos tanto en el exterior como en la Argentina . Que en algún día muy próximo podamos dejar atrás el pasado y unirnos para proyectar el renacimiento de una Argentina digna y soberana como nos merecemos”.

Entre una larga lista de firmantes que publican quienes se titulan “Prensa Independiente” aparecen … (una de ellas incluso seria también funcionaria judicial en Concordia que, por esos días vivía en Capital Federal), entre otros, estos nombres. Raúl José Ortiz. LE. 6.621.680. Capital Stella Maris Ortiz. DNI. 10.965.279. Capital. Marta Silvia Ortiz. DNI. 13.736.109 Raúl Eduardo Ortiz. DNI.10.966.503. Mercedes. Corrientes. María Constanza Ortiz. DNI. 25.187.891. Capital. María Esperanza Ortiz. DNI. 26.473.492. Mercedes. Corrientes. María Agustina Ortiz. DNI. 28.325.178 Emma María Percara. LC .6.498.243. Mar del Plata. Bs As Liliana María Percara. DNI .13.879.032. Entre Ríos. Alfredo Pigni. DNI. 10.108.689. Paraná. Entre Ríos. Julián Genaro Quevedo. DNI.13.575.658. Concordia. Entre Ríos.

JUSTICIA Y CONSTITUCION PROVINCIAL

El apartado 6 del artículo 6 de la Constitución Provincial reza textual : “quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurran en su apología (sería este el caso), serán inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública”.

El categórico texto constitucional no le deja demasiadas opciones de interpretación. DIARIOJUNIO arribó a esta información luego de haber sido alertado por lectores y revisar páginas de Internet en las que, sin mayor dificultad aparece dicho nombre en páginas web vinculadas al grupo memoriacompleta@hotmail.com en el que militan personajes de la talla de Cecilia Pando, esposa de un militar.

BREVE HISTORIA DEL REO, CAVALLO

Hasta su arresto, Cavallo se ocultaba bajo el nombre de Ricardo y el cargo de un discreto director general del Registro Nacional de Vehículos de México. Cavallo, había sido procesado por el juez español de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, estuvo preso en España desde que el 29 de junio de 2003 fuera extraditado por México, donde había sido detenido el 24 de agosto de 2000. El imputado había sido identificado por víctimas del régimen militar argentino (1976-1983) como el capitán de corbeta Miguel Angel Cavallo, alias ‘Serpico’ y ‘Marcelo’, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana dictó una resolución que permitió conceder la extradición a España. Cavallo fue acusado de 7 asesinatos, 152 casos de lesiones y 407 secuestros, torturas y desapariciones en la ESMA, englobados como genocidio y terrorismo totalizan 17.000 años de cárcel. Esa es la condena que pidió la fiscal de la Audiencia Nacional de España, Dolores Delgado, para el represor Ricardo Miguel Cavallo.

En los juicios que tuvieron lugar en nuestro país y ante el juzgado de Juan José Galeano se dijo, “contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró José Luis Bernabei, que trabajaba en el complejo frente al lago. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó. Para quienes necesiten algunos datos más, recordamos que el diario El Mundo de España (diario conservador), calificó a Cavallo como “uno de los verdugos de la historia de Argentina, hombre, de sonrisa helada y crueldad desmedida”.

EL FIN DE LAS LEYES DE LA IMPUNIDAD

Para quienes aún no han tomado debida nota sobre la importancia de lo realizado desde el 2003 a la fecha en materia de Derechos Humanos, vaya una explicación sobre porque firmaban una nota dirigida al entonces presidente de México (año 2003), en la que se pedía textualmente “su seguro regreso a la Argentina”. Simplemente era porque en nuestro país aún no habían sido anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en las que se amparaban torturadores y asesinos de distinta laya. Actualmente el asesino y torturador cumple prisión en la Argentina.

Otra empleada judicial y el padre

Marta Silvia Ortiz, esposa del exjuez laboral Quevedo (sacado porque tardaba mucho en emitir fallos, no por esto de los derechos humanos. Luego, hubo una larguísima batalla legal con el periodismo donde quiso negar lo que firmó), es una de tres hijos del General de Brigada Raúl José Ortiz, fallecido el 1 de julio de 2004 y también firmante de las polémicas notas. Ortiz fue un hombre de estrecha confianza del dictador Roberto Viola, de quien fue secretario de Información Pública (sic), y llegó a ser jefe de Gendarmería durante la guerra de Malvinas. En el expediente que investigaba a Quevedo no hay siquiera una línea donde haga referencias a su familia política: nada dice de la presencia de su esposa, Marta Silvia OrtizMatachi que le dicen, y que también es empleada judicial, ni de otros familiares que aparecen como firmantes de ambas notas.

Durante su carrera militar Ortiz cumplió funciones en unidades militares de Paraná y Concordia, entre otras. A partir de enero de 1977 fue el subjefe de la Subzona 22, con jurisdicción en Entre Ríos, secundando en el mando al jefe de la represión en la provincia, Juan Carlos Ricardo Trimarco, de manera que tuvo responsabilidad en el control operativo dentro del territorio provincial.

Ortiz pasó a retiro a fines de 1982 y en los primeros años de la democracia fue beneficiado por la ley de punto final, por lo que nunca llegó a responder ante la Justicia por sui accionar durante la última dictadura cívico-militar.

¿FEMINISMO DE DERECHA?

El más capaz de los novelistas no hubiera imaginado jamás, este curioso contubernio entre progresistas y conservadores. Una ordenanza ideada por la concejal de Cambiemos Carola Laner, de vínculos con parte de la familia de la jueza (eso explica porque es la única jueza que sale hacer publicidad de esto en los medios), permite según las últimas publicidades no poder viajar al exterior, sacarte el registro de conducir y aparecer en un listado como en la época de la inquisición de deudores alimenticios.

La jueza Ortiz fue una de las convocadas durante la semana de la mujer a la progresista ‘Mujer; Eje de la Comunidad, Eje de la Familia, Eje de la Concepción. Eje de la Educación, Eje de la Diversidad’, realizada en marzo del 2022 por la Municipalidad de Concordia. ¿Qué pensarían los jefes de la dictadura de lo que hoy se llama diversidad? ¿Qué piensa alguien que fue condenado por esta jueza, que pidió por la liberación de un genocida, por deudor alimentario? ¿Cuál es el criterio de lo moral? Por lo visto, ninguno.

Y lo más curioso de todo es que fue realizado en el Centro de Atención al Hombre arrebatado a Andrea Ferreyra. Y si, parece que conservadores y progresistas se ponen de acuerdo en dejar de lado al peronismo. Además de castigar severamente a los hombres que incumplan el pago de sus obligaciones alimentarias, que hasta ahí todo bien. Pero fíjese, el atento lector, que ha corrido mucha agua bajo el puente y todavía no se informan de deudoras alimentarias, que batallan contra los “papás luchones”, como se los conoce vulgarmente. Ahí hay una parcialidad manifiesta. Ya sea, que por derecha son Marianos (la mujer es pura y buena), como dicta la fe de los representantes que siguen las enseñanzas de Loyola, o, sea por izquierda que se dice lo mismo pero sin religión en el medio. ¿Estamos ante un nuevo oscurantismo anticientífico y parcial?

Esta jueza es la misma que pone preso a Cabaña con prisión preventiva de 40 días, a horas de transcurrido el hecho, acusado de matar a Eric Junco. Recientemente, Cabaña fue liberado de culpa y cargo una semana después de que la jueza le dictara prisión preventiva por 40 días… Estar preso una semana de “inocente” es mucho, 40 días una eternidad.

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