En principio, al agente municipal señalado como agresor se le aplicó una suspensión preventiva, que implica separarlo de sus funciones habituales sin goce de haberes (hasta tanto se defina su situación legal, lo que consecuentemente incidirá en la determinación final que adoptará el municipio al respecto).
Está suspendido. La definición final de su condición laboral en el municipio (respecto a lo administrativo) dependerá de como se resuelva su situación ante las autoridades judiciales intervinientes.
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