ELEVAN A JUICIO CAUSA PENAL CONTRA LOS ACTUALES DIRECTORES DE TRÁNSITO DE CONCORDIA

by concordia1

El pasado 19 de noviembre tuvo lugar la audiencia de remisión a juicio de la causa caratulada “Báez, Walter y Leites, Sergio Orlando, S/Desobediencia a la Autoridad”. El juez de Garantías Darío Mautone no hizo lugar al pedido de probation de la defensa por lo que resolvió elevar la causa a juicio. “De todas maneras, lo más probable es que la defensa apele”, dijo el Jefe de Fiscales, José Costa a DIARIOJUNIO.

El viernes de la semana pasada, en sala de Garantías, a las 8 de la mañana, se hizo la audiencia de remisión a juicio de la causa contra Walter Báez y Sergio Leites, ambos integrantes del directorio de la Central de Tránsito de Concordia, por “Desobediencia a la Autoridad”. 

El juez de Garantías, Darío Mautone no hizo lugar al pedido de probation de la defensa, a cargo de los abogados Claudio De Antonio y Cristian Mazariche, por lo que resolvió elevar la causa a juicio, cuestión que todavía podría ser apelada.

La causa penal contra los funcionarios de Tránsito de Concordia se inició el pasado 18 de enero del 2019, luego de que los acusados desobedecieran una sentencia de 2018 que les había dictado medidas de coerción e instado a dejar de acosar laboralmente a una compañera que los había denunciado por “acoso sexual” y “abuso de autoridad”. 

Tanto Baez como Leites, fueron sentenciados en 2018, en el Juzgado Laboral N° 2, a “culminar con los actos de perturbación o intimidación directa o indirecta hacia la mujer”. Sin embargo, esto no habría sido respetado y por eso estarían a un paso de enfrentar un juicio por desobediencia a la autoridad.

En noviembre del 2019 la causa pasó a la Fiscalía de Género de Concordia, en la cual la denunciante expuso en reiteradas oportunidades haber seguido recibiendo diferentes agresiones en el trabajo.

El delito de “desobediencia a la autoridad” está tipificado en el artículo 239 del Código Penal Argentino y “está reprimido con prisión de quince días a un año para el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.”

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