LOS JUECES QUE PUSO MACRI HICIERON SU TRABAJO: CONVALIDARON LA VERSIÓN MACRISTA SOBRE EL ESPIONAJE ILEGAL

by concordia1

Los camaristas Bertuzzi y Llorens revocaron el procesamiento de Arribas y beneficiaron a otros jefes de la AFI en la causa por las andanzas de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario. Se cierra el círculo que abrieron los involucrados cuando impulsaron que el expediente fuera a Comodoro Py, un ámbito más afín a sus planteos.

La Cámara Federal porteña por mayoría convalidó la versión del macrismo de que no hubo una estructura dedicada al espionaje ilegal sino que existió cuentapropismo. Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi revocaron el procesamiento del exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas que le había dictado el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé en la causa en la que se investigan las andanzas de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario. Los jefes de las estructuras de inteligencia fueron, en su mayoría, beneficiados, mientras que se confirmaron los procesamientos de un grupo de espías, descargando las responsabilidades en los últimos eslabones de la cadena.

Llorens y Bertuzzi – dos de los jueces llegados a la Cámara Federal durante la presidencia de Mauricio Macri (uno por concurso y otro por traslado)– revocaron los procesamientos de Arribas, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián de Stefano y del exdirector del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco, entre otros. También recibió una falta de mérito la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo y se confirmó que no había elementos para procesar a Darío Nieto, el secretario privado de Macri y quien tenía agendado a Bertuzzi en su teléfono.

“Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”, escribieron Llorens y Bertuzzi.

Los jueces entienden que no existió una asociación ilícita que tenía a Arribas como su líder, aunque sí consideran que hubo actividades de inteligencia ilegal que fueron realizadas por los espías que pasaron a la fama como los Súper Mario Bros, quienes, en su mayoría, eran policías de la Ciudad que pasaron a la AFI en comisión cuando Macri llegó al gobierno. Para los camaristas, los espías hicieron tareas de inteligencia ilegal con dos objetivos: intimidar o extorsionar. En otros casos, consideraron que las tareas de inteligencia se hicieron siguiendo órdenes judiciales.

“Algunos imputados, antes bien, utilizaron sus posiciones y recursos del Estado (materiales y humanos) para intentar obtener dinero por su cuenta o compartir información con individuos que el juez (Augé) ubicó fuera de la asociación. Estos intereses particulares conspiran contra la idea de un plan transversal a la estructura del Estado Nacional“, añadieron Llorens y Bertuzzi.

El único procesamiento que quedó en pie de la cúpula de la AFI macrista fue el de la exsubdirectora general Silvia Majdalani, aunque no por asociación ilícita sino por un delito menor: el de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. En todo caso, la exSeñora Ocho faltó a su deber de controlar a los agentes que estaban a su cargo, según evaluaron Llorens y Bertuzzi.

Los camaristas solo convalidaron diez de los 38 procesamientos dictados por Augé en febrero último. Además de Majdalani, ratificaron lo que Augé había resuelto sobre el exdirector operacional de Contrainteligencia y alma pater de los Súper Mario Bros Diego Dalmau Pereyra y sobre el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz. También confirmaron los procesamientos de los exagentes Jorge “Turco” Sáez, Leandro Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Andrea Fermani, junto con los exencargados del área de inteligencia del SPF Cristian Suriano y Juan Carlos Silveira.

Por el contrario, Eduardo Farah se pronunció por confirmar los procesamientos de los exdirectivos de la AFI y sostuvo que sí existió una asociación ilícita. “El relato de los eventos muestra una maquinación debidamente concertada, concretamente planeada, que involucró a diferentes personas, con diversas funciones y que en razón de ellas quedaron convocadas en la asociación, en procura de ese fin ilícito en donde la privacidad de las personas y los recursos estatales quedaron a merced de unos pocos que estructuraron, en derredor de todo esto, una empresa del delito“, escribió el presidente de la Sala II de la Cámara Federal porteña.

El camarista también dio por acreditado que hubo espionaje sobre los presos kirchneristas durante el gobierno de Macri, algo que sus colegas ordenaron continuar investigando. Para Llorens y Bertuzzi, no está claro que la reunión de información que hacía el SPF fuera ilegal e incluso entendieron que estaba dentro de sus atribuciones vigilar las movilizaciones que se hacían fuera de los penales. En el caso de las escuchas a los presos, sostuvieron que había sido el juez federal de Lomas Federico Villena quien había ordenado interceptar los teléfonos y dispuesto que la AFI hiciera las transcripciones.

Por su parte, Farah sugirió que la investigación debería seguir hacia quienes usaron la información que ilegalmente recababan los espías. En otras palabras, que había escalar, mirar más arriba de la propia AFI o el SPF. “Lo que sí cabe remarcar aquí es que la colección de información de inteligencia responde a una lógica de posterior utilización para la toma de decisiones. Es de sentido común pensar, como hipótesis, que tal podría haber sido el usufructo dado en otros estrados (superiores, oficiales o no) a parte de los datos que se obtuvieron a raíz de las actividades analizadas en la presente”, escribió el juez.

La observación de Farah está en línea con lo que, en Dolores, sostuvo el juez federal Martín Bava para procesar a Macri en el caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan: que las tareas ilegales que hacían los agentes de la AFI tenían a Macri como destinatario final de la información.

Un destino cantado

“Sabíamos qué iba a pasar con la causa cuando pasó a Comodoro Py”, protesta uno de los abogados que interviene en el expediente. La investigación se inició a principios de 2020 por una declaración de un detenido en una causa por drogas, Sergio Rodríguez, que dijo que lo había contratado un abogado que trabajaba en la AFI para dejarle una bomba sin conectar a una persona –estaba hablando del exfuncionario del Ministerio de Defensa José Luis Vila–. A cambio, el abogado (Facundo Melo) le ofrecía protección y una credencial de la exSIDE.

El expediente estuvo en los primeros meses en manos del juez federal de Lomas de Zamora Villena. Varios de los imputados sostuvieron que el origen de la causa fue espurio, pero los camaristas dijeron que los planteos de nulidad deben tramitarse en primera instancia. La Cámara Federal de La Plata apartó a Villena y ordenó que la causa siguiera con su colega Augé, que delegó la investigación en la fiscalía que encabezaban Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal –con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo– entendió que la investigación debía continuar en los tribunales federales porteños, como reclamaban exfuncionarios y espías macristasEn febrero, antes de que le sacaran la causa, Augé llegó a dictar 38 procesamientos.

Desde su pase a Comodoro Py, el expediente quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi –que esperó las definiciones de la Cámara Federal para avanzar–. En el tribunal de apelaciones, después de recusaciones cruzadas, la causa terminó radicada en la Sala II, pero con una conformación especial. De esa sala, únicamente quedó Farah y se incorporaron Llorens y Bertuzzi.

Si bien la resolución representa un fuerte golpe a la investigación que se llevó adelante en Lomas de Zamora, la causa –aunque maltrecha– sigue en pie. Martínez de Giorgi deberá profundizar las líneas de investigación que le ordenaron –como realizar entrecruzamientos de teléfonos– y ver si cuenta con elementos suficientes para volver a insistir con los procesamientos.

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