A través del decreto N° 1200/22, el intendente Enrique Cresto dispuso medidas orientadas a “establecer un mayor orden, transparencia y eficiencia en materia de gestión y ejecución del gasto público”. El objetivo sería que, de esta manera, se pueda “garantizar el equilibrio fiscal y fortalecer los controles internos y externos de la administración pública municipal”. El decreto estipula que todas las secretarías municipales deberán reducir, en un plazo de 30 días, la cantidad de cargos que componen su estructura orgánica y congela la planta de personal, suspende las contrataciones y da instrucciones para que los únicos ingresos se produzcan por concurso y en las áreas específicas donde la urgencia o la necesidad de mejorar servicios justifique el ingreso de personal especializado. También ordena a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría de Economía y Hacienda que coordinen las gestiones necesarias para “firmar un convenio con el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, donde se establezcan las bases para una pronta instalación de una auditoría externa permanente y presencial en la ciudad de Concordia”.
Se espera que la Municipalidad de Concordia se constituya en la primera fuera de la capital provincial en contar con personal del principal órgano de fiscalización y control trabajando diariamente en sus dependencias, a diferencia de lo que se acostumbra en los municipios donde las visitas del Tribunal se realizan dos o tres veces al año.
El decreto congela la planta de personal, suspende las contrataciones y da instrucciones para que los únicos ingresos se produzcan por concurso y en las áreas específicas donde la urgencia o la necesidad de mejorar servicios justifique el ingreso de personal especializado.
El artículo 25 del decreto de “Contención y Optimización del Gasto”, define el propósito que se le darán a los recursos que el ejecutivo prevé obtener con estas medidas: “establécese que el ahorro que genere la aplicación del presente decreto será destinado prioritariamente: a) al financiamiento de medidas que estimulen el empleo y la producción a través del otorgamiento de incentivos fiscales; b) priorización de la ejecución de los gastos relativos a los servicios públicos (fundamentalmente limpieza y mantenimiento de calles, y espacios públicos); c) fomento de proyectos de emprendedurismo y de la economía social con el fin de incrementar el valor agregado de la economía local; y d) dotar de mayores recursos a las políticas de seguridad que lleva adelante la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal”, dice la norma.
Más vehículos para los operativos de seguridad
El decreto también determina que “los vehículos oficiales actualmente asignados a la Presidencia Municipal, Jefatura de Gabinete y Presidencia del Honorable Concejo Deliberante” sean afectados a la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas de seguridad ciudadana.
Todos los autos deberán estar visiblemente identificados y fuera de los horarios de prestación de servicios permanecerán debidamente guardados en el estacionamiento del Palacio Municipal.
Sobre esta serie de medidas, el Secretario de Gobierno, Álvaro Sierra afirmó que “son medidas contundentes que generan un mayor control del gasto y consolidan una estructura operativa más transparente y eficiente, accionando en caminos paralelos que conducen a un mismo objetivo. Con el ahorro que se produce por un lado, se financian políticas públicas específicas por otro, con una clara intención de reactivar la economía, fortalecer el entramado social y generar mejores tasas de ocupación y empleo genuino”, concluyó el funcionario.