TARJETAS SOCIALES: ALLANARON UN GREMIO Y DESCUBRIERON QUE EN EL LUGAR FUNCIONABA UNA FINANCIERA

by concordia1

El caso de las 22 tarjetas sociales sustraídas por una mujer, derivó en un allanamiento al gremio Apuner de los trabajadores de la Universidad. El sindicato, en el que se descubrió una financiera, quedó involucrado en el hecho que se investiga. El repudio del claustro del Personal Administrativo y de Servicios de Trabajo Social.Por estas horas, hay conmoción en las distintas facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) ante un caso judicial que involucra a la Asociación del Personal Universitario (Apuner), gremio de los trabajadores de la institución de educación superior.

El sábado, una mujer fue detenida portando 22 tarjetas correspondientes a programas sociales. La investigación judicial en curso avanzó el domingo con el allanamiento a la sede gremial, en calle Alem, donde se detectó que funcionaba una financiera. Se procedió en ese marco a detener al secretario de Hacienda y Finanzas del gremio, Adrián Meynier, pareja de la persona con la que se inició el caso.

Ante esta situación, los trabajadores de la UNER han manifestado su estupor ante los hechos y en calidad de afiliados fijaron posición.

En el caso de la Facultad de Trabajo Social, como claustro, el Personal Administrativo y de Servicios manifestó su “repudio ante los supuestos hechos, de público conocimiento, cometidos por parte del Secretario de Hacienda y Finanzas del gremio, Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y exigimos el esclarecimiento de los mismos, a fin de salvaguardar la integridad y el compromiso de quienes trabajamos en esta unidad académica”.

En un documento público dijeron entender que se trata de “una situación que supera el trabajo cotidiano del personal No Docente y atenta contra la buena fe de quienes aportaron y aportan al Gremio como afiliados y afiliadas”.

En este marco, instaron a “las autoridades del gremio a promover la investigación correspondiente a fin de deslindar responsabilidades y amparar a las personas directamente afectadas, que vieron vulnerados sus derechos”.

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